COMUNICADO DE PRENSA

El último informe del servicio del Defensor del Profesor de ANPE alerta del aumento de casos de depresión y estrés entre los docentes y por consiguiente el incremento de las bajas laborales

• De los casos atendidos el 44% sufre ansiedad, un 3% está sufriendo un proceso depresivo y el porcentaje de docentes que se encuentran de baja aumenta preocupantemente a un 29%. 

• El 52% de los problemas a los que se enfrentan los docentes están relacionados con la Administración y organización.

• Siguen aumentado ligeramente las actuaciones entre el profesorado de Educación Infantil y Primaria que se sitúa como la etapa con más conflictividad, y aumentan en Ciclos formativos.

El número de actuaciones realizadas desde la creación del servicio del Defensor del Profesor de ANPE en 2005 asciende a 42.439. De ellas, 1.994 corresponden al curso 2021-2022, 34 de los casos atendidos han sido en Aragón, tres más que en el curso anterior. Aunque no supone un aumento significativo, sí que detectamos cada vez más complejidad en los casos atendidos, en los que confluyen factores de diversa índole: estado anímico, burnout o síndrome del profesor quemado, carga burocrática, carga lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, etc., que dificultan la resolución de los casos.

 

En Aragón, el curso 2021/22, un 47% de las actuaciones se relacionan con docentes de Enseñanza Infantil y Primaria, con un aumento de un 2% respecto al curso anterior. Por su parte, en Educación Secundaria descienden del 45% al 29%. Respecto a las realizadas en Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior y FP Básica, suben de un 6% al 18% del total (aumentando un 12%) mientras que las correspondientes al apartado “Otros” (Adultos, Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas, Danza, Música...) suben del 3% al 6%. En cuanto a los casos relacionados con la Administración y la organización de los centros aumentan un 7% los casos atendidos respecto al año anterior (del 45% al 52%)

 

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, en relación a los problemas de convivencia relacionados con alumnos aumentan las faltas de respeto y las falsas acusaciones que sufren los docentes con un 24% y un 12% respectivamente. En relación a las familias , las faltas de respeto también ha sido la tipología con más porcentaje respecto a los casos atendidos junto a las denuncias ante el centro o Inspección con un 18% respectivamente. Destacamos los datos correspondientes a la problemática con la Administración y organización que, como viene sucediendo cada curso, sigue aumentando respecto al anterior.

 

El estado de tensión constante que provoca las actuaciones de las administraciones educativas entre el profesorado es debido, entre otras cuestiones, a la publicación de protocolos de actuación ante la COVID tardíos y cambiantes, recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, además de la obligación de adaptación a los cambios normativos con el curso empezado. A esto se une también, la compleja labor de seguir atendiendo a un numeroso alumnado cuya salud mental, en términos globales, se ha visto resentida por los dos cursos en pandemia. La puesta en marcha de protocolos como el de ideación suicida o contra el acoso sin asignación horaria y sin formación suficiente para los docentes han supuesto todavía más carga burocrática. La sobrecarga burocrática aumenta sin cesar cada curso, llegando a niveles alarmantes que impiden el adecuado ejercicio profesional de la actividad docente. Esta situación hace que la relación con la Administración se resienta. Los docentes se sienten solos y con una responsabilidad que excede de sus funciones. 

 

Los índices de ansiedad siguen aumentando año tras año, 15 docentes de los 34 atendidos presentaban ansiedad, el 44% y el 29% estaban de baja. La salud mental de nuestros docentes se está viendo afectada por las situaciones derivadas del contexto educativo actual y de la crisis pandémica que hemos vivido.

 

Estos datos trascienden al propio docente puesto que un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación. En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos.

 

Los datos recopilados en el curso 21-22 ponen de manifiesto que el problema en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente dentro del sistema educativo que no se resolverá fácilmente sin un apoyo político, social y familiar. Conseguir cambiar esta tendencia dependerá en buena medida del apoyo que reciba el docente y de la actitud que tanto padres como Administración adopten cuando el profesor ejerce su derecho a hacer cumplir unas normas básicas de convivencia que benefician a toda la comunidad educativa y que tienen como objetivo algo tan elemental como crear un clima de respeto dentro del centro y salvaguardar el derecho a la educación que por Ley tienen los alumnos. 

 

Tras el análisis y valoración de los datos recogidos en el estudio realizado, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de desarrollar una Ley de Autoridad del profesorado a nivel estatal, medidas reales que dignifiquen la labor docente y favorezcan un clima de convivencia adecuado; y la elaboración un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos, liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, partiendo del seno de la Mesa Sectorial de Educación. Este Plan debería contar, entre otros, con los siguientes apartados:

• Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos
• La ineludible obligación de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
• Aumento de Orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica, maestros de Audición y Lenguaje, personal de Servicios Sociales y auxiliares de Educación Especial para atender a todo el alumnado en pro de una verdadera inclusión.
• Todo protocolo de actuación ante el acoso debe ir precedido de una memoria presupuestaria que contemple los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación.
• Implantación o aumento de servicios de atención psicológica para la comunidad educativa en todas las comunidades autónomas. 
• Actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros. Aplicación de la ley de autoridad en todas las comunidades autónomas.
• El establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos.
• Un plan específico de formación del profesorado, en horario lectivo, para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.
• Reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
• Compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.

ANPE y el Defensor del Profesor reiteran su compromiso de seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la Educación, y a sus profesionales, en el lugar que realmente se merecen.

 

Aragón, 28 de noviembre de 2022
El Defensor del Profesor. ANPE.

 

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